Rendición de cuentas sobre los derechos económicos, sociales y culturales en España

Pablo Soriano  10 de Mayo de 2012
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Los días 7 y 8 de mayo el Estado español ha comparecido ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (Comité DESC).

La ratificación del pacto suscrito por España en el año 1977 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) de 1966, obliga al Estado español, entre otras medidas, a rendir cuentas ante un comité que se encarga de supervisar el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales de los países adheridos en temas tan primordiales como la disponibilidad y accesibilidad a una vivienda adecuada, la salud, el trabajo digno, una educación de calidad, etc.

Frente al informe que el Gobierno español ha presentado, en el que se limita a reproducir la normativa adoptada durante los últimos años en materia social, Amnistía Internacional y una coalición de 19 organizaciones sociales (entre las cuales se encuentra la Confederación FEAFES, representadas por la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH), el Centro por los Derechos Económicos y Sociales (CESR) y el Observatorio de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales) han presentado al citado Comité dos informes que reflejan una realidad política basada en recortes sociales que están generando un aumento de las desigualdades en nuestro país y, por tanto, pone de manifiesto el incumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales que se recogen en el pacto internacional.

En el “Informe Conjunto al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales” presentado por esta agrupación de 19 organizaciones sociales, se pone de manifiesto las incongruencias e incumplimientos de nuestro país respecto al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).

En un capítulo introductorio, se presentan de manera resumida las líneas básicas sobre las que incide el informe, de manera que el Comité pueda ampliar y comparar la información aportada por el Estado español en su 5ª comparecencia frente al Comité de seguimiento de Naciones Unidas.

Estas líneas de análisis, que en el informe avanzan según el articulado definido en el pacto y que concluyen con una serie de recomendaciones por cada una de ellas, de forma literal son:

  • Las políticas adoptadas por el estado en respuesta a la crisis económica y financiera están favoreciendo un retroceso en la protección y el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales, que además se agravan dependiendo de la zona geográfica, gracias a la desigual distribución de recursos en el país."
  • “La ausencia de medidas de protección social para paliar el impacto de la crisis sobre los derechos de personas o poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad, como las mujeres, las y los trabajadores migrantes, las personas con discapacidad, la comunidad gitana y la infancia…".
  • “Las medidas de austeridad fiscal que está adoptando el gobierno para hacer frente a la crisis no sólo se limitan a la reducción de inversión social hasta extremos que afectan el contenido esencial de los derechos reconocidos en el PIDESC, sino que, para ajustarse al reducido margen presupuestario modifican y derogan garantías legales de los derechos sociales…"
  • "Este informe pone en evidencia la deficiente rendición de cuentas por parte del Estado y la ausencia de mecanismos para la participación real y efectiva de la sociedad civil en la toma de decisiones en materia económica y social…”
Para finalizar, las organizaciones que firman el documento solicitan al Comité que inste al Estado Español al cumplimiento de las obligaciones suscritas en el pacto, que rinda cuentas sobre su actuación al respecto, a que no se adopten medidas regresivas, sino que por el contrario, su “protección debe tener carácter prioritario en la agenda estatal” y que se “tome en cuenta los derechos humanos a la hora de diseñar, implementar y evaluar estrategias tendentes a la recuperación económica”.

Fuentes: Amnistia Internacional, Center for Economic and Social Rights (CESR), GuiaOngs